Propuesta: Multas a vehículos super-contaminantes

Un automóvil regular emite 2.4 kg de dióxido de carbono por cada litro de gasolina que consume. En promedio la capacidad regular de un tanque es de 45lts. Los motores diesel emiten una cantidad un poco mayor, aproximadamente 2,6 kg de CO2 por litro quemado. Si se piensa en cuántos vehículos transitan por las  ciudades grandes como Caracas, es evidente que se producen cantidades exorbitantes de contaminación. La mayor parte de esta queda en la atmósfera, contribuyendo al efecto invernadero y al calentamiento global, una pequeña porción es procesada por las plantas, pero otra porción, a menos que se viva en una burbuja de aire, es consumida por el organismo humano. Todos los días.

En Venezuela, es muy fácil ver en cualquier avenida o autopista carros, autobuses y camiones emitiendo nubes negras de tamaños descomunales. Si estos agentes de extrema contaminación son supervisados podría empezarse un camino para respirar aire menos sucio. Es por esto que se propone lo siguiente:

           Multar, a través de los organismos gubernamentales correspondientes a toda empresa privada o pública, cuyos vehículos produzcan cantidades extraordinarias de contaminación. En dos platos, si le sale una nube enorme negra al camión, “párelo a la derecha”.

Las sanciones, en caso de que tal ley haya de existir, deben ser severas. Aplicar una cantidad de unidades tributarias (o su equivalente monetario en términos de que se vea por cumplida la multa...) tan alta que las empresas se vean OBLIGADAS a mantener sus unidades en las mejores condiciones posibles, algo que en una sociedad consciente debiera ser natural. Asumiendo además, que esto indirectamente podría resultar en una disminución significativa de accidentes viales. Tiene sentido que si las empresas se ven OBLIGADAS a hacer chequeos regulares a sus unidades, aumentan las probabilidades de prever fallas que pudiesen ocasionar accidentes de cualquier tipo y no tengan que ver con disminuir la contaminación.

En el caso hipotético de que se adopte una medida como esta, se deben saber manejar los casos complejos que pudiesen surgir. Por ejemplo, un conductor de un autobús super contaminante no va a querer que su unidad vaya a mantenimiento por un tiempo indefinido, si esto significa que va a dejar de trabajar por un tiempo igual de indefinido y ganar menos dinero. Los conductores serían simplemente los intermediarios. La responsabilidad debe caer sobre quién realmente la tiene, la empresa propietaria del vehículo.

Quiénes no podrían tener absolución son los propietarios de vehículos particulares, carros y camionetas urbanas. Si su vehículo contamina más de lo establecido, (partiendo también hipotéticamente, que se harían estudios para establecer límites sobre la cantidad de contaminación permitida para cada vehículo) el propietario tendría que pagar multas hasta que solucione su problema, o hasta que sencillamente no pueda pagar multas ni talleres de reparación y se vea obligado a no poder usar su vehículo venenoso. Un caso extremo, pero deseable.

Si bien es cierto que la medida propuesta podría resultar controversial y difícil de implementar, esta podría mejorar lentamente nuestra calidad de vida. Todo depende del compromiso de la entidad penalizadora, y de qué tanto los ciudadanos y empresarios realmente acaten.

La finalidad de esto no es aportar a la distorsión social, mucho menos se pretende atacar a las empresas que operan en nuestro país. Se proponen estas ideas para que con un poco de suerte, lleguen a quienes tienen poder para ejecutarlas. Es lamentable que para que funcionen medidas así estas tengan que ser impuestas, a sangre del bolsillo de la gente. Pero sin duda ayudarían a regar un poco las secas semillas de conciencia ecológica que tenemos los Venezolanos.